Durante una visita al Parque del Jaguar, en Tulum, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió impartir una pequeña clase de administración pública al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
La lección fue sencilla: cuando las reglas estorban, no se cumplen.
“Hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, está mal”, le dijo Sheinbaum a Pedro Álvarez Icaza, titular de la Conanp.
Y para que no quedara espacio para interpretaciones jurídicas, burocráticas o gramaticales, la presidenta remató:
“No cumplas con la norma; eso es lo que te estoy diciendo”.
La escena ocurrió mientras prestadores de servicios turísticos denunciaban problemas provocados por el plan de manejo del Parque del Jaguar. Según explicaron, un terreno que ya cuenta con infraestructura turística fue clasificado como “zona de recuperación”, dejándolos atrapados entre restricciones ambientales, trámites y funcionarios que aparentemente todavía creen que su trabajo consiste en respetar disposiciones oficiales.
Sheinbaum ordenó corregir la situación y presionó públicamente al funcionario para resolverla antes de que terminara el mes.
El problema no es que la presidenta haya querido destrabar un conflicto burocrático. Para eso gobierna. El problema es que, frente a una norma posiblemente equivocada, su solución no fue revisarla, modificarla, justificar una excepción o iniciar el procedimiento correspondiente.
Su solución fue ordenar que no se cumpliera.
Porque en la nueva doctrina administrativa mexicana las leyes aparentemente no son límites para el poder, sino recomendaciones que pueden ignorarse cuando la persona que manda considera que su sentido común está por encima del documento.
Y seguramente en este caso la decisión hasta podría beneficiar a personas afectadas por una clasificación absurda. Pero precisamente para eso existen los procedimientos: para que una regla no dependa del estado de ánimo, las simpatías o la intuición de quien ocupa temporalmente la Presidencia.
El “sentido común” suena maravilloso hasta que descubrimos que cada funcionario tiene el suyo.
Para un comerciante, sentido común podría ser permitirle trabajar. Para una autoridad ambiental, podría ser proteger una zona aunque existan intereses económicos. Para un presidente municipal, construir hoteles. Para un empresario, ampliar una concesión. Para un militar, cerrar un acceso por seguridad.
Las normas existen, al menos en teoría, para que esas decisiones no dependan exclusivamente del criterio personal del funcionario con mayor rango.
Pero la frase de Sheinbaum desnuda una idea del poder que Morena lleva años cultivando: la autoridad no tiene que someterse a las instituciones cuando está convencida de representar al pueblo.
Primero se afirma que la norma perjudica a la gente. Después se declara que el gobierno conoce mejor que nadie lo que la gente necesita. Finalmente, se concluye que desobedecer la norma no solamente es válido, sino moralmente correcto.
Así, cualquier arbitrariedad puede presentarse como sensibilidad social.
Hoy la instrucción presidencial fue para resolver una queja de prestadores turísticos. Mañana el mismo argumento podría utilizarse para autorizar una obra, entregar un contrato, ignorar una restricción ambiental, evitar una licitación o brincarse cualquier procedimiento incómodo.
Al final, todos los gobiernos autoritarios aseguran actuar con sentido común. La diferencia entre gobernar y mandar está precisamente en aceptar que incluso las buenas intenciones deben tener límites.
Si una norma es injusta, se cambia.
Si está mal redactada, se corrige.
Si permite excepciones, se fundamentan.
Lo que no debería hacer la presidenta de una república es enseñarle públicamente a un funcionario que cumplir la norma es opcional cuando desde arriba llega una orden distinta.
Aunque quizá esa sea la verdadera transformación: sustituir el Estado de derecho por el criterio presidencial.
Menos leyes, más “yo digo”.