Oigan, plebes: Estados Unidos lo acusa, Colombia lo captura y el Tribunal de Disciplina Judicial mexicano informa que desconocía los hechos. Eso sí: ya tenía otras cuatro investigaciones administrativas contra el mismo juez. Qué tranquilidad saber que expedientes había.
Luis Benítez Alcántara fue detenido el 1 de noviembre en Colombia, según informó el Departamento de Justicia estadounidense el día 5. Lo acusa de recibir dos millones de dólares para facilitar la liberación de Andrew Clark, señalado como segundo al mando de la organización de narcotráfico encabezada por el exdeportista olímpico canadiense Ryan Wedding.
La acusación sostiene que Benítez, encargado del procedimiento de extradición de Clark en México, concedió su libertad bajo fianza y ordenó su excarcelación el 24 de febrero de 2025, precisamente el día en que habría recibido completo el pago del soborno.
La justicia con calendario y, presuntamente, con tarifa.
El juez mexicano detenido en Colombia tenía cuatro investigaciones
Clark había sido detenido en México en octubre de 2024 y Estados Unidos solicitó formalmente su extradición al mes siguiente. Después de la liberación ordenada por Benítez, fue recapturado y trasladado a territorio estadounidense, donde su proceso continúa.
Ahora el juez enfrenta nueve cargos federales por presuntamente ayudar a un acusado a evadir la acción de la justicia. Washington anunció que solicitará su extradición desde Colombia.
¿Y qué sabía la institución mexicana encargada de investigar las irregularidades de los juzgadores?
El Tribunal de Disciplina Judicial respondió que desconocía los hechos que motivaron la captura y anunció una investigación de oficio después de hacerse público el caso.
También reconoció que Benítez tenía cuatro investigaciones administrativas por otras presuntas irregularidades en su función jurisdiccional.
Es necesario dejarlo claro: esas cuatro investigaciones son independientes del presunto soborno. No demuestran que el Tribunal conociera el señalamiento estadounidense, ni equivalen a una declaración de culpabilidad.
Pero sí obligan a preguntar qué se estaba investigando, desde cuándo y con qué avances. Abrir un expediente es apenas el comienzo del trabajo; anunciar que existe no sustituye explicar sus resultados.
Estados Unidos acusa; México anuncia otra investigación
¡Hijuesuchingadamadre! Un juez mexicano termina detenido en otro país por una acusación de corrupción relacionada con una resolución dictada en México, y la respuesta disciplinaria nacional es que ahora sí van a investigar esos hechos.
¿Qué falló en los mecanismos de vigilancia? ¿Cómo se revisó la liberación de Clark? ¿Hubo alguna alerta interna sobre esa resolución? ¿Qué información compartieron las autoridades mexicanas y estadounidenses antes de la captura?
El comunicado del Tribunal no resuelve esas preguntas.
Tampoco basta con presentar las cuatro investigaciones previas como comprobante de que todo estaba funcionando. Para evaluar eso hacen falta fechas, actuaciones y resultados, hasta donde permita la reserva legal. De otro modo, al ciudadano le piden confiar en un sistema del que solo conoce el número de carpetas.
Benítez deberá responder ante los tribunales y la fiscalía estadounidense tendrá que demostrar sus acusaciones. La detención no es una sentencia.
Pero las instituciones mexicanas también deben una explicación: por qué una acusación de esta gravedad se tradujo en una captura en Colombia y en una nueva investigación administrativa aquí, anunciada después de conocerse el arresto.
Porque para presumir vigilancia no alcanza con tener expedientes. Hay que demostrar que sirven para algo antes de que llegue la foto del detenido desde el extranjero.
