Con Guadalupe Taddei fuera de la presidencia, el árbitro electoral enfrenta investigaciones por posibles desvíos de recursos, conflictos de interés, contratos irregulares y hasta documentación presuntamente falsa.
Oigan plebes, pues resulta que en el Instituto Nacional Electoral no solamente se contaban votos. A juzgar por las investigaciones de su propio Órgano Interno de Control, también hay bastantes cuentas que no terminan de cuadrar.
Y no estamos hablando de un proveedor que entregó tarde las hojas de papel o de alguien que se llevó unos clips de la oficina.
El organismo encargado de vigilar que el INE no se convierta en una caja chica reportó 16 expedientes de investigación abiertos entre 2025 y 2026, de los cuales 11 están relacionados con contrataciones públicas. En ellos aparecen al menos 15 funcionarios y exfuncionarios, ocho particulares y 18 empresas.
Por si eso fuera poco, otras seis auditorías y ocho revisiones de control dieron origen a 25 investigaciones adicionales.
¿Y qué están investigando? Pues prácticamente el catálogo de cosas que uno esperaría que no ocurrieran en la institución encargada de garantizar la limpieza de nuestras elecciones: posibles desvíos de recursos, abuso de funciones, simulación de requisitos, conflictos de interés ocultos, documentación presuntamente falsa y hasta posibles acuerdos entre participantes para manipular contrataciones.
Todo esto, por supuesto, sigue bajo investigación. Porque una cosa es encontrar irregularidades y otra demostrar responsabilidades. Aunque tampoco necesitamos esperar una sentencia para preguntarnos cómo demonios llegó el INE a semejante situación.
La transparencia era para los demás
El informe entregado a la Cámara de Diputados revela que, en tres de cuatro expedientes examinados, se identificaron elementos relacionados con el ocultamiento de conflictos de interés.
Además, el contralor Víctor Hugo Carvente informó sobre depósitos bancarios provenientes de personas o entidades que habían contratado con el instituto, participaciones accionarias presuntamente no declaradas y omisiones de ingresos de hasta 5.6 millones de pesos en declaraciones patrimoniales.
Aparentemente, algunos encargados de cuidar la democracia tenían dificultades para recordar de dónde venía su dinero.
Y todavía falta lo mejor.
Una auditoría a contrataciones realizadas entre diciembre de 2024 y mayo de 2026 produjo 45 observaciones preliminares que abarcan distintas áreas del instituto, incluidas Comunicación Social, Administración, Organización Electoral y Fiscalización.
Sí, Fiscalización. El área del instituto que tiene entre sus responsabilidades revisar el manejo de los recursos de los actores políticos también aparece entre las dependencias cuyos procedimientos de contratación fueron auditados.
La ironía prácticamente se escribe sola.
Taddei se fue, pero las cuentas se quedaron
En medio de este bonito espectáculo de transparencia institucional, Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE el 26 de octubre.
En su mensaje de despedida habló de proteger a la institución, preservar su credibilidad y permitir que continuara cumpliendo sus responsabilidades constitucionales.
Muy conmovedor.
Pero aquí el problema no es quién va a ocupar la silla que dejó vacía. El problema es qué ocurrió con los contratos durante su administración y quiénes participaron en las decisiones que hoy están siendo investigadas.
Porque cambiar al presidente de una institución no desaparece los expedientes, no aclara los movimientos bancarios ni convierte mágicamente en legales los contratos que pudieran haber presentado irregularidades.
Y tampoco significa que Taddei sea culpable de los hechos investigados. Eso tendrá que determinarse con pruebas, no con discursos políticos.
Veinte sanciones y muchas explicaciones pendientes
El Órgano Interno de Control también reportó 20 sanciones desde enero de 2025: 19 inhabilitaciones y una suspensión de 30 días, además de sanciones económicas por 1.6 millones de pesos.
Entre los proveedores sancionados aparece Bell-Krom, empresa contratada para adquirir y distribuir más de 25 mil chamarras para personal electoral durante el proceso de 2024, y que terminó inhabilitada por incumplir con la entrega.
O sea, ni las chamarras pudieron entregar correctamente.
Ante los hallazgos, el PAN pidió que el contralor compareciera ante los diputados para explicar el estado de las investigaciones. La Junta de Coordinación Política aprobó por unanimidad citarlo.
Por su parte, Ricardo Monreal reconoció que tenía conocimiento de las indagatorias desde hacía aproximadamente seis meses y explicó que no habían concluido debido al procedimiento que permite a los señalados presentar pruebas y alegatos.
Perfecto. Que se respete el debido proceso.
Pero también sería conveniente que alguien explicara por qué un organismo que administra miles de millones de pesos y exige cuentas a los partidos políticos terminó acumulando semejante cantidad de señalamientos sobre su propio manejo de recursos.
Porque aquí no estamos hablando de cualquier dependencia. Estamos hablando del árbitro electoral.
Y si el encargado de vigilar que los demás no hagan trampa tiene problemas para explicar sus propias contrataciones, la credibilidad de las elecciones también termina pagando los platos rotos.
La renuncia de Taddei podrá cerrar un capítulo administrativo, pero no debería cerrar una sola investigación.
Porque para organizar elecciones limpias no basta con contar bien los votos. También hay que saber contar el dinero.
