Cae el primer huachicolero… curioso que no es de Morena
La Fiscalía General de la República detuvo este jueves 16 de julio a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, por su probable responsabilidad en delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Ruffo fue capturado en Ensenada como parte de una investigación relacionada con Ingemar, empresa que fundó y de la que reconoció ser accionista. La compañía fue vinculada con el decomiso de 15.5 millones de litros de combustible transportados en 129 carrotanques, asegurados en Coahuila durante 2025.
El exgobernador había rechazado previamente cualquier participación ilegal. Su versión era que Ingemar solamente ofrecía servicios de almacenamiento y realizaba trámites aduanales, y que el combustible decomisado no pertenecía a la empresa. Ahora deberá responder ante un juez, que determinará si existen elementos suficientes para procesarlo.
Que se investigue.
Que se revisen las operaciones de Ingemar, sus documentos, sus socios, sus importaciones y el origen de cada litro de combustible.
Pero la elección del primer gran rostro político del huachicol fiscal no podría ser más conveniente para Morena: un exgobernador panista, fuera del poder desde 1995, detenido precisamente en Baja California mientras la actual gobernadora morenista, Marina del Pilar Ávila, enfrenta su propia crisis política ocasionada por 3 audios filtrados donde se puede escuchar a la misma ofreciendo información a cambio de resolver “su problemita con la visa”.
Marina del Pilar y su entonces esposo, Carlos Torres, perdieron sus visas estadounidenses en 2025. Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha informado públicamente las razones exactas de la cancelación. Desde entonces han surgido acusaciones, investigaciones y filtraciones alrededor del entorno de la gobernadora.
Carlos Torres es investigado por la FGR por acusaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y presuntos vínculos con grupos criminales. Él ha negado las acusaciones y sostiene que no tiene nada que ocultar.
La gobernadora, por su parte, reconoció la autenticidad de audios en los que habla con supuestos intermediarios estadounidenses sobre la cancelación de su visa. En las grabaciones también manifiesta preocupación por una posible extradición y ofrece compartir información obtenida en reuniones de seguridad. Marina del Pilar asegura que fue víctima de una trampa organizada por el exgobernador Jaime Bonilla, quien rechaza haber participado en ella.
Ese es el contexto en el que aparece la detención de Ruffo.
Mientras las preguntas se acumulan alrededor de la gobernadora morenista, su exmarido y las razones por las que Estados Unidos les retiró las visas, la FGR presenta a un exgobernador de oposición acusado de huachicol fiscal.
La captura puede estar sustentada jurídicamente y Ruffo deberá responder por las acusaciones. Pero también le entrega al Gobierno federal una salida política perfecta: mover la conversación desde la crisis de la gobernadora de Morena hacia los presuntos delitos de un panista que dejó el poder hace más de treinta años.
El problema es que el huachicol fiscal investigado actualmente no se limita a Baja California ni comenzó con Ernesto Ruffo.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, millones de litros de combustible ingresaron ilegalmente al país a través de puertos y aduanas controlados por el Gobierno federal. Las investigaciones señalan que más del 95% del combustible relacionado con diez empresas bajo investigación entró por aduanas de Tamaulipas. En las operaciones aparecen empresarios, agentes aduanales, marinos, militares y miembros del crimen organizado.
También están acusados Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Un testigo protegido declaró que miembros de la red intentaron solicitar la intervención de Ojeda para resolver el problema de un barco cargado con combustible ilegal. El exsecretario no ha sido imputado, pero existen testimonios que sostienen que pudo haber tenido conocimiento de las operaciones.
Otro de los nombres señalados es Andrés Manuel “Andy” López Beltrán. Declaraciones difundidas recientemente aseguran que la FGR investiga si el hijo del expresidente tenía conocimiento de operaciones de huachicol fiscal en el puerto de Guaymas. Hasta ahora no existe una imputación pública en su contra y los señalamientos deberán probarse, pero forman parte de una investigación que alcanza al círculo más cercano del obradorismo.
Esa es la diferencia.
Ruffo ya fue detenido.
Los personajes cercanos a López Obrador siguen apareciendo como “señalados”, “mencionados” o “posiblemente relacionados”.
La FGR actuó contra el exgobernador panista y debe llegar hasta las últimas consecuencias. Pero también debe explicar quién permitió que millones de litros atravesaran las aduanas durante el gobierno de Morena, quién protegió las operaciones y quién se benefició de ellas.
Porque si la investigación termina en Ernesto Ruffo, no habrá desmantelado la red del huachicol fiscal.
Solamente habrá encontrado al acusado políticamente más conveniente.