El gobierno encontró una forma sorprendentemente sencilla de mejorar las cifras del abasto de medicamentos en Sinaloa: no garantizar que existan más medicinas, sino impedir que los médicos receten aquellas que no están disponibles.
A partir de agosto y septiembre, los hospitales del IMSS-Bienestar en el estado comenzarán a operar con un nuevo sistema informático que limitará las prescripciones médicas de acuerdo con el inventario real de cada unidad. Dicho de otra manera: el médico ya no podrá recetar libremente el tratamiento que considere más conveniente, sino que deberá escoger entre lo que el hospital tenga en sus anaqueles.
El paciente quizá no obtenga el medicamento que originalmente necesitaba, pero el gobierno podrá presumir que la receta sí fue surtida. Una solución impecable, al menos para la presentación de PowerPoint.
Julio Quintero Ledezma, responsable del IMSS-Bienestar en Sinaloa, explicó que el objetivo del nuevo sistema es evitar los desajustes entre lo recetado por los médicos y las existencias de las farmacias. Según su explicación, los doctores tendrán que apegarse a los Protocolos Nacionales de Atención Médica y prescribir únicamente los medicamentos contemplados dentro del catálogo institucional y disponibles en cada hospital.
Actualmente, un médico puede recetar el medicamento que considera necesario para su paciente. Cuando la farmacia no cuenta con él, la receta queda registrada como no surtida. Ese registro es incómodo para las autoridades porque demuestra, con nombre, fecha y medicamento, que el sistema no fue capaz de atender una necesidad.
Con el nuevo modelo, esa evidencia podría desaparecer antes de ser creada.
Si el medicamento no está disponible, el sistema simplemente no permitirá recetarlo. El médico tendrá que buscar otra opción dentro de lo existente. Al final del día, la farmacia podrá reportar que surtió prácticamente todas las recetas emitidas. Lo que no dirá esa cifra es cuántos tratamientos tuvieron que modificarse porque el medicamento adecuado no estaba disponible.
Así es mucho más sencillo alcanzar el 100 por ciento de surtimiento: basta con no generar recetas de aquello que no se puede entregar.
El sistema también reducirá la cantidad de medicamentos disponibles para prescripción en hospitales de segundo nivel. De aproximadamente tres mil claves manejadas anteriormente, se pasará a un catálogo de 871. La explicación oficial es que estas claves son suficientes para atender las enfermedades correspondientes a ese nivel y que la estandarización permitirá aprovechar mejor los recursos.
Quintero Ledezma también reconoció que existe resistencia por parte de algunos médicos. La interpretación oficial es que ciertos doctores están acostumbrados a prescribir medicamentos utilizados en la medicina privada o productos que no corresponden con los protocolos nacionales.
Es posible que una parte de esa resistencia tenga relación con hábitos de prescripción que deben corregirse. Los protocolos son necesarios y ningún sistema público puede comprar todos los medicamentos que existen en el mercado. Pero reducir el problema a médicos caprichosos que quieren recetar lo que se les ocurre resulta demasiado conveniente.
También existe otra posibilidad: que los médicos estén preocupados porque la decisión clínica comenzará a depender menos de las necesidades individuales del paciente y más de lo que aparezca disponible en una pantalla.
No todos los pacientes reaccionan de la misma forma a un medicamento. No todas las alternativas producen el mismo resultado. Existen alergias, contraindicaciones, tratamientos previos y condiciones particulares que no siempre pueden resolverse cambiando una sustancia por otra sólo porque es la que queda en el almacén.
El verdadero problema no es que se busque ordenar la prescripción. El problema es que el gobierno puede utilizar ese orden administrativo para fabricar una mejora estadística que no necesariamente representa una mejora para los pacientes.
Porque una receta surtida no es automáticamente un tratamiento adecuado.
Si un médico considera que el paciente necesita un medicamento, pero el sistema no se lo permite porque no hay existencias, la necesidad médica no desaparece. Sólo desaparece del registro oficial. El paciente sigue necesitando el medicamento, pero para efectos estadísticos nunca hubo una receta pendiente.
El gobierno podrá decir que mejoró el porcentaje de surtimiento. Podrá presentar gráficas, presumir eficiencia y repetir que ahora existe mayor control. Mientras tanto, será el paciente quien tenga que aceptar una alternativa, comprar el medicamento por su cuenta o continuar recorriendo farmacias para encontrarlo.
La estadística quedará limpia. El enfermo, no necesariamente atendido.
Si el IMSS-Bienestar realmente quiere demostrar que este nuevo sistema mejorará la atención, no debería limitarse a publicar el porcentaje de recetas surtidas. También tendría que transparentar cuántas veces el sistema bloqueó un medicamento por falta de existencias, cuántos tratamientos fueron sustituidos debido al inventario y cuántos pacientes tuvieron que adquirir medicinas fuera de la institución.
Sin esos datos, el famoso 100 por ciento de surtimiento tendría aproximadamente el mismo valor que presumir que ningún vuelo se retrasó después de cancelar todos los vuelos que no podían salir.
No estamos ante la solución definitiva al desabasto. Estamos ante una nueva forma de definirlo.
En lugar de garantizar que las farmacias tengan lo que los médicos necesitan recetar, los médicos tendrán que recetar lo que las farmacias alcancen a tener. Y con ese pequeño ajuste, el gobierno podrá transformar una carencia en eficiencia, un medicamento inexistente en una receta inexistente y a un paciente sin tratamiento en un dato que nunca aparecerá en el informe.
A partir de agosto podremos tener 100 por ciento de recetas surtidas.
Siempre y cuando nadie recete lo que no hay.