Oigan, plebes, para traer a Inés Gómez Mont, México ya pidió ayuda a Washington, intercambió información y entregó tres órdenes de aprehensión. Qué bueno que la Fiscalía sabe hacer ese trámite. Acá en Sinaloa también nos interesa saber qué pasa cuando el expediente viaja en sentido contrario y el nombre en la portada es Rubén Rocha Moya.
El martes 10 de noviembre, Omar García Harfuch confirmó que la Fiscalía General de la República está haciendo gestiones para traer a México a la exconductora. Agentes migratorios estadounidenses la detuvieron el 30 de octubre en Miami, casi cinco años después de que empezara a ser buscada en México. Harfuch dejó abierta la vía por la que podría regresar: deportación o extradición.
La agarró Migración. La espera la Fiscalía.
La FGR había solicitado en septiembre de 2025 la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición. La detención del 30 de octubre ocurrió por su situación migratoria en Estados Unidos. Si las autoridades de ese país determinan deportarla a México, la fiscal Ernestina Godoy dijo que ejecutarán las órdenes de aprehensión en cuanto llegue. Por lo pronto, un juez federal en Florida rechazó el recurso con el que su defensa buscaba impugnar la detención, al considerar que primero podía acudir a la vía migratoria para pedir una audiencia de fianza.
¿Y qué tiene la Fiscalía sobre la mesa? Una orden por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otras dos por presunta defraudación fiscal equiparada. La FGR sostiene que dinero público habría terminado en cuentas personales de Gómez Mont mediante un esquema de triangulación con empresas fantasma. La investigación gira alrededor de contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos del organismo encargado de los penales federales. La cifra corresponde a los contratos bajo investigación. Por separado, la Fiscalía le atribuye una presunta omisión de más de 13 millones de pesos en impuestos de 2014 y 2016.
El nombre de la exconductora se lleva el reflector, pero esos contratos salieron de oficinas públicas. ¿Quién autorizó los pagos? ¿Quién comprobó que se prestaron los servicios? ¿Qué funcionarios firmaron de recibido? La responsabilidad de Gómez Mont la tendrán que resolver los tribunales. La Fiscalía también tiene que explicar cómo se movió el dinero desde la dependencia que lo administraba.
¿Y cuando Washington toca la puerta de México?
En abril, fiscales federales de Estados Unidos hicieron pública una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. En el caso del sinaloense, la acusación incluye cargos relacionados con narcotráfico. Rocha ha rechazado los señalamientos. El gobierno de Claudia Sheinbaum explicó en junio que había recibido una petición de detención urgente con fines de extradición y sostuvo que faltaban elementos para proceder. En octubre, la investigación mexicana seguía sin concluir, según lo publicado por Debate.
Ahí es donde se antoja dibujar a Terry Cole y a Harfuch en una aduana de El Libro Vaquero, con Inés cruzando para acá y Rocha para allá. El trueque es imaginario. La pregunta para la Fiscalía es muy real: ¿qué información le pidió a Estados Unidos, qué recibió y qué diligencias ha hecho por su cuenta en México?
Porque si faltan pruebas, queremos saber qué está haciendo la FGR para conseguirlas. Y si la investigación mexicana depende de que Washington mande otra carpeta, que nos expliquen qué han podido investigar acá desde abril. Para el caso de Inés ya nos dieron fechas, órdenes y hasta qué piensan hacer cuando aterrice. Para el de Rocha, en Sinaloa también sabemos leer un informe. Que lo den.
