Morena denuncia a Samuel García ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas triangulaciones millonarias de recursos hacia empresas y despachos vinculados con su familia. La denuncia llega mientras el INE atraviesa una crisis institucional tras la salida de Guadalupe Taddei, lo que abre una pregunta incómoda: ¿estamos frente a una auténtica búsqueda de justicia o ante una conveniente distracción política?
La denuncia contra Samuel García fue presentada por Clara Luz Flores, acompañada por legisladores de Morena, y solicita investigar posibles delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los señalamientos incluyen operaciones por más de 7 mil millones de pesos, aunque esto no significa que semejante cantidad haya terminado en los bolsillos del gobernador. Las investigaciones periodísticas y los reportes atribuidos a la Auditoría Superior de la Federación apuntan a transferencias que habrían beneficiado al despacho jurídico vinculado con Samuel García y su padre.
Y aquí comienza lo verdaderamente interesante.
Porque resulta que Morena acaba de descubrir que Samuel García podría tener problemas con el manejo del dinero público. ¡Hijuesuchingadamadre! Qué extraordinaria capacidad de investigación tiene el partido oficialista cuando decide mirar hacia donde antes parecía no tener demasiado interés.
El problema es que estos señalamientos no nacieron ayer. Desde 2024 existen investigaciones periodísticas que documentan movimientos financieros entre contratistas del Gobierno de Nuevo León, empresas intermediarias y el despacho familiar del gobernador.
En mayo de 2026 se difundieron nuevos movimientos, incluyendo operaciones que pasaban por una empresa constituida en Texas. Y en octubre se reportó una denuncia de la propia Auditoría Superior de la Federación por posibles irregularidades.
Es decir, Morena no acaba de descubrir un escándalo. El escándalo lleva bastante tiempo sobre la mesa.
¿Y por qué ahora?
Resulta inevitable observar la coincidencia política. Mientras el Instituto Nacional Electoral atraviesa una crisis institucional marcada por la salida de Guadalupe Taddei, las renuncias en su estructura y las dificultades para encontrar una nueva presidencia, Morena aparece con un nuevo protagonista para la conversación pública: Samuel García.
Eso no demuestra que las denuncias sean una maniobra de distracción, pero sí plantea una pregunta perfectamente válida: ¿por qué el partido oficialista decidió convertir precisamente ahora un expediente conocido desde hace años en una ofensiva política?
Y hay otro detalle todavía más incómodo.
Morena y Samuel García no han sido precisamente enemigos irreconciliables.
Durante buena parte de su trayectoria como gobernador, Samuel ha encontrado coincidencias políticas con el oficialismo federal. Movimiento Ciudadano y Morena han compartido posiciones en distintos asuntos legislativos, mientras García ha mantenido una relación de cooperación con el Gobierno federal, primero con López Obrador y posteriormente con Claudia Sheinbaum.
Por supuesto, colaborar institucionalmente no convierte automáticamente a dos políticos en cómplices. Pero tampoco podemos fingir que Morena y Samuel García han sostenido una confrontación permanente.
Han sido adversarios electorales cuando les conviene y aliados políticos cuando sus intereses encuentran un punto de coincidencia.
Por eso llama la atención esta repentina necesidad de llevarlo ante la justicia.
Porque una cosa es perseguir posibles actos de corrupción y otra muy distinta es escoger políticamente cuándo resulta conveniente perseguirlos.
Samuel García podría estar convirtiéndose en un sacrificio políticamente conveniente.
Un gobernador de oposición, con señalamientos financieros suficientemente graves para justificar una investigación, pero cuya exposición pública también podría ayudar a desplazar otros escándalos de la conversación nacional.
Y si esa fuera la intención, estaríamos frente a un problema doble: posibles actos de corrupción en Nuevo León y una utilización selectiva de la justicia como instrumento de conveniencia política.
Ahora bien, que cuestionemos las motivaciones de Morena no significa que Samuel García deba recibir el beneficio de la indiferencia.
Al contrario.
Las investigaciones conocidas describen rutas de dinero que ameritan explicaciones mucho más profundas que las ofrecidas hasta ahora. Si empresas contratadas con recursos públicos realizaron transferencias hacia un despacho relacionado con la familia del gobernador, corresponde esclarecer qué servicios se prestaron, cuánto se cobró y si existió alguna contraprestación indebida.
Y si se demuestra que hubo desvío de recursos, lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, esperamos que los responsables enfrenten las consecuencias penales correspondientes, incluida la cárcel cuando así lo determine la justicia.
Porque tampoco estamos interesados en defender a Samuel García solamente porque Morena haya decidido denunciarlo.
La corrupción no deja de ser corrupción cuando la denuncia un partido que también tiene cuentas pendientes.
Lo que sí esperamos es que esto no termine como tantos otros espectáculos políticos mexicanos: conferencia de prensa, fotografías frente a la Fiscalía, declaraciones indignadas, titulares durante una semana y después absolutamente nada.
Porque para hacer ruido basta con presentar una denuncia. Para procurar justicia se necesitan pruebas, investigaciones, responsabilidades acreditadas y sentencias.
Morena tiene todo el derecho de denunciar las irregularidades que considere pertinentes. Lo que no tiene es derecho a pretender que la ciudadanía olvide sus propios escándalos cada vez que señala los de sus adversarios.
El caso de Samuel García merece una investigación seria, independiente y hasta sus últimas consecuencias. El escándalo del INE también merece explicaciones y responsabilidades.
Una cosa no cancela la otra.
Que investiguen a Samuel, que investiguen a quienes participaron en las operaciones financieras y que, si se acreditan los delitos, los responsables terminen en prisión.
Pero que nadie pretenda vendernos una conferencia de prensa como si fuera una sentencia judicial.
Porque en México hemos visto demasiadas veces cómo se anuncian investigaciones millonarias que terminan produciendo toneladas de titulares y ni un solo responsable castigado.
Y mientras Morena señala a Samuel García con una mano, convendría que utilizara la otra para explicar qué está pasando con el Instituto Nacional Electoral.
Porque la justicia no debería tener calendario electoral, ni la corrupción debería investigarse solamente cuando resulta conveniente cambiar de escándalo.
