En Culiacán parece que las leyes tienen fecha de caducidad, pero las licencias de los políticos no. Juan de Dios Gámez Mendívil cumplió seis meses separado de la Presidencia Municipal y, aunque la Constitución de Sinaloa establece que ninguna licencia puede concederse por más de ese periodo, en el Ayuntamiento aseguran que la suya sigue vigente porque fue otorgada por tiempo indefinido.
¡Hijuesuchingadamadre! Resulta que encontraron una nueva modalidad de gobierno: el alcalde que no gobierna, la presidenta municipal que ocupa provisionalmente su lugar y un Congreso que espera a que alguien le avise qué está pasando.
Desde el pasado 1 de mayo, Gámez Mendívil se encuentra separado del cargo, luego de los señalamientos surgidos desde Estados Unidos que lo colocaron bajo investigación. Desde entonces, Ana Miriam Ramos Villarreal asumió provisionalmente las funciones de presidenta municipal.
Hasta ahí, todo dentro de un procedimiento legal. El problema comenzó cuando el calendario avanzó y llegó el 1 de noviembre.
Porque el artículo 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que ninguna licencia puede concederse por más de seis meses. No dice siete, no dice doce y mucho menos establece una excepción para los alcaldes que todavía no saben cuándo van a regresar.
Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento de Culiacán, José Ernesto Peñuelas Castellanos, sostiene que la licencia continúa vigente porque el acuerdo aprobado por el Cabildo no estableció una fecha específica de vencimiento.
Es decir, el Ayuntamiento pretende sostener la vigencia de un acuerdo administrativo pese al límite temporal que señala la Constitución. Si esa interpretación es jurídicamente válida, tendrán que fundamentarla. Porque llamar indefinida a una licencia no explica por sí solo cómo puede superar el máximo constitucional.
Mientras tanto, el Congreso de Sinaloa tampoco parece tener demasiada prisa.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eligio López Portillo, señaló que los diputados esperan recibir una notificación del Cabildo para determinar los pasos correspondientes.
Y así tenemos una situación verdaderamente peculiar: el Ayuntamiento asegura que no se ha terminado la licencia y el Congreso espera una determinación del Ayuntamiento para intervenir.
Uno no resuelve y el otro espera.
En medio de este intercambio de responsabilidades aparece la regidora Erika Sánchez Martínez, quien presentó un escrito solicitando que se revise la situación jurídica de la licencia y se determine si corresponde declarar la falta absoluta del presidente municipal.
La petición pone sobre la mesa un asunto que las autoridades tendrán que resolver: si la licencia alcanzó su límite constitucional, ¿qué procedimiento corresponde seguir y quién tiene la obligación de iniciarlo?
Porque aquí no estamos hablando de un empleado que pidió vacaciones y olvidó regresar a la oficina. Estamos hablando de la titularidad del gobierno de Culiacán, una ciudad que enfrenta una profunda crisis de seguridad y cuyos habitantes necesitan saber quién ejerce legalmente la autoridad municipal.
Y ojo, que la discusión tampoco consiste en declarar culpable a Juan de Dios Gámez de las investigaciones o señalamientos que motivaron su separación. Eso corresponde a las autoridades competentes y debe resolverse con pruebas y debido proceso.
Aquí el asunto es mucho más sencillo: ¿puede una licencia otorgada por un Cabildo prolongarse más allá de los seis meses que establece la Constitución?
Si existe un fundamento que lo permita, que lo expliquen públicamente. Si no existe, que las autoridades cumplan con el procedimiento que corresponde.
Porque las leyes no deberían funcionar como sugerencias que cada Ayuntamiento interpreta a conveniencia.
Por lo pronto, Juan de Dios Gámez continúa separado del cargo, Ana Miriam Ramos permanece al frente del gobierno municipal de manera provisional y el Congreso sigue esperando noticias.
En Culiacán ya tenemos alcalde con licencia, alcaldesa provisional y diputados en espera. Lo único que falta es que alguien se atreva a ponerle fecha al asunto.
Y pensar que para cualquier ciudadano común seis meses bastan para acumular multas, recargos y hasta perder derechos por incumplir un plazo.
Pero cuando se trata de la clase política, parece que hasta el calendario puede ponerse a disposición del Cabildo.
