Ernesto Ruffo Appel consiguió una suspensión definitiva contra su vinculación a proceso, pero la Fiscalía General de la República salió rápidamente a aclarar que eso no significa que se haya terminado la investigación.
Oigan plebes, parece que a la Fiscalía General de la República le preocupa muchísimo que alguien vaya a pensar que Ernesto Ruffo ya se libró de la justicia.
El exgobernador panista de Baja California obtuvo una suspensión definitiva dentro del amparo 1085/2026, relacionado con las acusaciones de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Pero antes de que alguien sacara las matracas para celebrar, la FGR salió a explicar que la suspensión únicamente impide que comience el juicio oral mientras se resuelve el amparo.
Es decir, Ruffo no fue absuelto, los cargos no desaparecieron y el proceso penal sigue su curso.
Hasta ahí, nada extraordinario. Es simplemente el funcionamiento de los recursos legales.
Lo interesante es el entusiasmo con el que la Fiscalía salió a recordarlo.
Porque mientras el escándalo del huachicol fiscal ha puesto bajo cuestionamiento la actuación de autoridades aduaneras, funcionarios públicos y redes de contrabando que operaron durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, la FGR parece especialmente interesada en dejar claro que al panista no lo piensa soltar.
Y ojo, si Ruffo participó en algún delito, que lo investiguen, que presenten las pruebas y que lo condenen si corresponde. No hay absolutamente ninguna razón para que un exgobernador tenga privilegios ante la justicia.
El problema comienza cuando la justicia parece tener más entusiasmo para perseguir a unos que para explicar las responsabilidades de otros.
Porque el huachicol fiscal no consiste simplemente en que alguien venda combustible de contrabando. Es un negocio que, por su propia naturaleza, obliga a preguntarse qué controles fallaron, quién permitió las operaciones y qué funcionarios pudieron facilitar el movimiento de mercancías.
¿Dónde están todas esas responsabilidades?
La Fiscalía tiene todo el derecho de continuar investigando a Ernesto Ruffo. Lo que también tiene es la obligación de demostrar que su investigación no se limita a los personajes políticamente convenientes.
La suspensión definitiva no significa inocencia, pero tampoco la acusación de la Fiscalía significa culpabilidad.
Y mientras no exista una sentencia condenatoria, Ernesto Ruffo sigue siendo un acusado, no un delincuente condenado.
Porque en un país donde el gobierno presume combatir la corrupción, sería bastante conveniente que el gran rostro del escándalo del huachicol fiscal terminara siendo un exgobernador del PAN.
La justicia no debería necesitar un villano opositor para demostrar que está funcionando. Necesita pruebas, responsables y sentencias, sin importar el partido al que pertenezcan.
