Después de cinco años huyendo de la justicia mexicana, la exconductora fue detenida en Estados Unidos. La investigan por delincuencia organizada, lavado de dinero y un presunto desvío de 3 mil millones de pesos.
Oigan plebes, parece que a Inés Gómez Mont se le terminó el programa de viajes por Estados Unidos, porque este viernes 30 de octubre fue reportada su detención en Florida, después de cinco años evitando presentarse ante la justicia mexicana.
Y no, no la están buscando por tener 300 plebes. La Fiscalía General de la República la investiga, junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en una trama de desvío de recursos públicos que asciende a aproximadamente 3 mil millones de pesos.
Así como lo leen. Tres mil millones de pesos que, según las investigaciones, habrían salido de contratos públicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Porque si algo nos ha enseñado la política mexicana es que la corrupción puede cambiar de partido, de presidente y hasta de discurso, pero nunca parece quedarse sin presupuesto.
La exconductora enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por supuesto, habrá que demostrar su responsabilidad ante los tribunales, porque una cosa es tener una orden de aprehensión y otra muy distinta una sentencia condenatoria.
Lo interesante es que su esposo, Álvarez Puga, ya había sido detenido en Estados Unidos en septiembre de 2025 por cuestiones migratorias, mientras México continuaba buscando su extradición.
Y aquí viene lo sabroso.
Apenas en septiembre de este año, Interpol canceló las fichas rojas contra la pareja, una decisión que provocó reclamos de la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Las órdenes de aprehensión mexicanas, sin embargo, seguían vigentes.
Ahora Gómez Mont aparece bajo custodia de agentes estadounidenses, aunque todavía falta conocer oficialmente los motivos específicos de su detención y el procedimiento que seguirá.
Pero hay una pregunta bastante más interesante que saber si finalmente la van a extraditar.
¿Quién autorizó los contratos que permitieron el presunto desvío de esos 3 mil millones de pesos?
Porque hasta donde sabemos, los recursos públicos no se transfieren solos. Alguien firma, alguien autoriza, alguien supervisa y alguien recibe.
Y si las investigaciones terminan demostrando que existió semejante desfalco, sería bastante conveniente que la justicia no se conformara con encontrar a una exconductora y a su marido, mientras los funcionarios que pudieron haber hecho posible el negocio siguen tranquilamente cobrando del erario o disfrutando de su retiro.
Porque en México ya conocemos ese espectáculo: cae el empresario, cae el intermediario, cae el famoso que aparece en el expediente… y los responsables de abrirles las puertas del presupuesto público muchas veces ni siquiera son llamados a declarar.
Que caigan todos los que tengan que caer, pero que no nos quieran vender la detención de una celebridad como si con eso se hubiera desmantelado toda la corrupción.
